Ya en 1998 el Tribunal Supremo entendió (Sala 4ª de lo Social, Sentencia de 29 de septiembre de 1988, caso Huarte) que la administración social estaba  excluida del ámbito laboral por el artículo 1.3. c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y ello tanto cuando se tiene la condición de consejero delegado o de miembro de la comisión ejectiva, como cuando se tiene la condición de administrador en el caso de formas de administración simple, porque existe una incompatiblidad sustentada por la doctrina mercantilista y la jurisprudencia civil llamada "teoría del vínculo", que afirma que, quien ejerce funciones delegadas por el Consejo o funciones ejecutivas, no hace otra cosa que realizar funciones propias del cargo de administrador y no cabe en estos casos recurrir al contrato de alta dirección.

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 El Tribunal de justicia de la Unión Europea, en una reciente sentencia, ha estimado el recurso de una empresa italiana contra la prórroga automática de una concesión administrativa para la explotación de un negocio de un competidor en un lago de dominio público (lago de Garda).

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Para evitar cualquier posible derivación de responsabilidad penal a las personas jurídicas es conveniente formalizar el llamado "Compliance Penal".
En la circular elaborada por nuestro despacho se desarrolla este tema.

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El Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad Valenciana para 2017 recoge importantes modificaciones que afectan el ISD y que se detallan en la circular elaborada por nuestro despacho.

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