El día 21 de diciembre, nuestro despacho ha impartido el seminario de DERECHO PRÁCTICO INMOBILIARIO, a instancias de ACTÚA MLS VALENCIA, la asociación con los agentes inmobiliarios más relevantes de la Comunidad Valenciana, que estuvo dividido en dos partes:

1. Documentos básicos para la intermediación inmobiliaria, con entrega de modelos prácticos y consejos de redacción de los principales contratos
2. Fiscalidad inmobiliaria, haciendo especial hincapié en las comprobaciones de valores de inmuebles en las transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el nuevo panorama a tenor de las últimas resoluciones judiciales

Los ponentes fueron el abogado y asociado del despacho DAVID SERVER ANTELO, especialista en derecho inmobiliario y el abogado y economista CARLOS MUÑOZ MONTAGUT, socio-director de la Firma.
El seminario tuvo lugar durante toda la mañana en el prestigioso hotel SILKEN PUERTA VALENCIA, junto al Paseo de la Alameda, con gran afluencia de participantes, que mostraron un notable interés en las materias analizadas, por lo que, en breve, será objeto de nuevas ediciones.

En los últimos años el afán recaudatorio de la Consellería de Hacienda de la Comunidad Valenciana ha motivado una serie de cambios en el criterio de valoración en la transmisión de inmuebles generando inseguridad jurídica y valorando los inmuebles por encima del valor real de la transmisión. El Tribunal Superior de Justicia parece poner coto a este injusto sistema.

Las recientes sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia confirmadas por el Tribunal Supremo determinan que la parte del patrimonio de las sociedades familiares que no esté afecta a la actividad de la compañía no tendrá derecho a la exención en el Impuesto sobre Patrimonio ni a las reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Tras la publicación de la reforma tributaria les informamos acerca de los nuevos porcentajes de retención aplicables a partir del 1 de enero de 2015.

El año 2015 va a comenzar con una profunda reforma tributaria, cuyas principales medidas se encuentran en tres proyectos de ley en fase de tramitación.

Las recientes resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central y la última sentencia del Tribunal Supremo suponen un cambio de criterio que puede perjudicar a determinadas sociedades familiares y que, en nuestra opinión, carece de justificación legal.