El Tribunal Superior de Justicia de Valencia anula las comprobaciones de valor en ITP

foto comprobacion inmuebleEn los últimos años el afán recaudatorio de la Consellería de Hacienda de la Comunidad Valenciana ha motivado una serie de cambios en el criterio de valoración en la transmisión de inmuebles generando inseguridad jurídica y valorando los inmuebles por encima del valor real de la transmisión. El Tribunal Superior de Justicia parece poner coto a este injusto sistema.

 

Cuando un particular transmite un inmueble o un empresario (persona física o sociedad) hace lo propio en segunda transmisión (inmuebles de "segunda mano"), con algunas excepciones (como solares o locales comerciales cuando no se renuncia a la exención en el IVA) la operación queda sujeta, entre otros, al Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales (ITP), al tipo del 10% en la Comunidad Valenciana, siendo el adquirente el obligado al pago.

La Consellería, por Orden 23/2013, estableció un nuevo método de valoración a efectos de la comprobación de valores de inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sobre sucesiones y donaciones. Hasta entonces, la aplicación de los coeficientes era orientativa (determinando que las transmisiones cuyo valor era inferior al resultante de la aplicación de los coeficientes podían ser objeto de comprobación de forma prioritaria) pero el contribuyente tenía la posibilidad de solicitar la nulidad de la misma si la Administración no la motivaba adecuadamente mediante una visita al inmueble.

El nuevo método, al amparo del artículo 57.1.b de la Ley General Tributaria (estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal), consiste en la aplicación de un coeficiente multiplicador al valor catastral del inmueble para calcular el valor real del mismo a efectos del impuesto. Estos coeficientes, en la medida que son un medio de comprobación previsto legalmente determinan directamente el valor mínimo a efectos fiscales de la transmisión, sin que sea necesaria otra motivación.

La citada Orden adjuntó un Anexo II con el coeficiente medio para cada municipio de la Comunidad Valenciana, y se aplicó a las comprobaciones de valores de transmisiones producidas en 2013, a pesar de que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana del 27 de diciembre de dicho año.

Para los ejercicios posteriores 2014 y 2015, se ha mantenido el sistema de comprobación de valores actualizando los coeficientes mediante Orden 4/2014 y Orden 1/2015.

Con la utilización de este sistema por Consellería se han realizado numerosas comprobaciones de valores dictando las correspondientes liquidaciones complementarias con valores fiscales alejados del precio real de trasmisión, con el consiguiente perjuicio para el contribuyente, abocado a pagar un impuesto sobre un valor no acorde con el pactado, sobre todo durante unos años en los que la drástica reducción de los precios de los inmuebles han provocado que los valores mínimos resultantes de la aplicación de los coeficientes sea, en ocasiones, mucho mayor que el precio realmente satisfecho. No importa el precio real de la operación, ni las características propias, ni el estado real del inmueble transmitido ya que, el valor a efectos del impuesto, no puede ser inferior al que resulte de aplicar los coeficientes previstos.

El Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia había validado el sistema, incluso para transmisiones realizadas antes de la publicación de la citada Orden, con el agravio que ello comporta habida cuenta que las partes no podían conocer el valor fiscal mínimo en el momento de la operación, desestimando las reclamaciones que se interponían contra las liquidaciones complementarias.

Sin embargo, en Sentencia dictada en fecha 28 de Octubre de 2015, la Sección 4ª del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado una liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales realizada en base a la Orden 23/2013 referida, señalando que la misma establece un sistema de valoración con falta de motivación y no individualizado, por lo que anula la comprobación realizada, y abre el camino para recurrir y anular las comprobaciones realizadas mediante el citado sistema que no sean firmes. Esto permitirá, en principio, que el interesado solicite la nulidad del procedimiento cuando la Administración no acredite cual es el estado real del inmueble en el momento de la transmisión (mediante tasación u otros medios) y que el precio satisfecho no se adecua al mismo.